Por Mario Holguín
La movilidad terrestre en la República Dominicana ha dejado de ser un simple desafío de infraestructura y transporte para convertirse en una grave crisis humana, social y económica. No estamos ante hechos fortuitos ni ante una fatalidad inevitable, sino frente a un fallo sistémico que drena riqueza, destruye capital humano y profundiza la pobreza.
El impacto socioeconómico de los siniestros de tránsito es devastador. Su costo anual se estima entre el 5 % y el 7 % del PIB, equivalente a pérdidas de entre RD$430,000 millones y más de RD$600,000 millones, el PIB proyectado para 2026. Esa cifra supera el presupuesto de ministerios esenciales.
No obstantes existen centros de estudios y tratadistas que ese costo lo eleva hasta un 9% del PIB.
Mientras el Ministerio de Educación dispone de alrededor de RD$332,879 millones, Salud Pública de unos RD$180,000 millones, Obras Públicas de RD$73,800 millones y Defensa de RD$68,686 millones, la siniestralidad vial destruye cada año más riqueza que la destinada a educar, sanar, construir y proteger al país. Esa contradicción debería colocar la movilidad segura en el centro de la agenda pública.
Sin embargo, el Intrant que es el órgano responsable por ley de la movilidat y todo lo relacionado a ella, solo cuenta con un presupuesto anual de cerca de RD$4,431 millones.
La pérdida económica se manifiesta fundamentalmente mediante la destrucción de capital humano productivo y la reposición de bienes e infraestructura dañados. Para miles de familias de bajos ingresos, una motocicleta o un automóvil destinado al transporte informal no representa un lujo, sino el principal activo generador de ingresos.
Cuando ocurre una colisión y no existe cobertura suficiente, el hogar puede quedar inmediatamente descapitalizado, obligado a endeudarse o privado de su principal medio de subsistencia.
A esta realidad se suma la discapacidad permanente. Por cada fallecido en el tránsito se producen numerosos lesionados graves, muchos con amputaciones, traumatismos craneoencefálicos o lesiones medulares que modifican para siempre la vida de la víctima y su familia. El problema es más severo porque una proporción de las víctimas corresponde a hombres jóvenes en edad productiva.
Cuando el principal proveedor del hogar muere o queda incapacitado, aumentan los gastos médicos, la necesidad de cuidados y el endeudamiento. Con frecuencia, otro miembro de la familia debe abandonar su empleo. En hogares vulnerables, la consecuencia puede llegar a ser la deserción escolar de los hijos y la consolidación de un círculo de pobreza intergeneracional.
La crisis también está agravada por el subregistro. Las cifras oficiales de fallecidos no siempre reflejan a quienes mueren días o semanas después del siniestro ni a quienes sobreviven con secuelas graves. La falta de integración entre los registros hospitalarios, la DIGESETT y las oficialías del estado civil limita la capacidad del país para conocer la dimensión real del problema y diseñar políticas basadas en evidencia.
Ese déficit institucional también se refleja en la infraestructura. Entornos escolares sin suficiente señalización, vías interurbanas sin cruces peatonales seguros, iluminación deficiente, ausencia de aceras u ocupación indevida de ellas, o de las vias por animales en los centros rurales; vehículos pesados estacionados en lugares de alto riesgo exponen a peatones, motociclistas y conductores a peligros previsibles.
La respuesta exige un pacto político e institucional real. La Ley 63-17 representó un avance en algunos aspectos, pero la República Dominicana necesita incorporar de forma operativa el enfoque de Sistema Seguro en un nuevo modelo de movilidad, basado en que el ser humano comete errores y que las vías, los vehículos, las velocidades y la gestión pública deben impedir que esos errores terminen en muerte o discapacidad permanente y el Estado se responsabilice en liderar esa transformación.Situación que exige sin demora, una revisión del marco jurídico establecido desde el 2017.
No podemos continuar administrando una red vial donde una equivocación humana se pague con la vida. El Gobierno central, los ayuntamientos, el INTRANT, Obras Públicas y la DIGESETT deben asumir responsabilidades coordinadas, incorporar la seguridad vial en sus presupuestos y establecer metas verificables.
Esto requiere auditorías viales sistemáticas, especialmente en entornos escolares y carreteras; regulación efectiva del transporte de carga; fiscalización electrónica y control de velocidad en corredores críticos; educación vial permanente; infraestructura segura para peatones y motociclistas; y un sistema nacional integrado de información sobre fallecidos, lesionados graves, discapacidades y costos económicos.
Abordar la seguridad vial no significa únicamente ordenar el tránsito. Significa proteger el capital humano, evitar que miles de hogares caigan en la pobreza, reducir una pérdida económica que consume una parte sustancial del PIB y defender el derecho de cada ciudadano a desplazarse y regresar con vida. La movilidad segura debe entenderse como una política de justicia social, desarrollo económico y dignidad humana.
