Por Mario Holguín
El crecimiento descontrolado de las motocicletas en la República Dominicana no es producto del azar. Es el resultado de un modelo gubernamental que ha preferido administrar la precariedad antes que construir un sistema de movilidad seguro, eficiente y digno.
Al Partido Revolucionario Moderno (PRM) le conviene mantener esta situación porque la proliferación de motocicletas sin controles efectivos le permite presentar ayudas, subsidios y operativos como soluciones, mientras conserva un amplio nicho electoral dependiente de beneficios y promesas oficiales.
El Estado incentiva la expansión de las motocicletas, primero, por la ineficiencia de sus políticas de transporte masivo y su incapacidad para gestionar el tránsito. Segundo, por la implementación de políticas asistencialistas irresponsables. Tercero, y quizás el elemento más relevante, por mantener en crecimiento una base electoral vulnerable, dependiente de ayudas, subsidios y facilidades gubernamentales.
Ante un transporte colectivo insuficiente, incómodo y desorganizado, miles de ciudadanos adquieren motocicletas como única alternativa para llegar al trabajo, estudiar, producir o sostener a sus familias. El Gobierno utiliza esa necesidad como propaganda, pero no ofrece soluciones estructurales que permitan reducir la dependencia de este medio altamente vulnerable.
En lugar de establecer una política integral de formalización, capacitación, licenciamiento, seguro obligatorio, inspección técnica y protección social, las autoridades anuncian programas especiales cargados de beneficios, subsidios, combustibles, alimentos, cascos, chalecos, cursos y facilidades. Cada iniciativa es presentada como una conquista gubernamental, aunque sus resultados reales permanezcan ocultos entre cifras incompletas y promesas recicladas.
Ese asistencialismo no transforma al motociclista. Lo mantiene vulnerable y políticamente condicionado. El Gobierno del PRM entrega beneficios sin demostrar cuántos participantes fueron verdaderamente formalizados, cuántos obtuvieron licencias, cuántos cuentan con seguros, cuántos completaron una formación adecuada y cuánto disminuyeron los siniestros como resultado de esas inversiones.
La expansión desordenada de las motocicletas también tiene consecuencias graves para la seguridad ciudadana. Por su rapidez, facilidad de desplazamiento y dificultad de identificación, algunas motocicletas son utilizadas como instrumento logístico para cometer atracos, arrebatos, sicariato, distribución de drogas, vigilancia delictiva, escapes y otras actividades criminales.
Esta realidad no convierte a los motociclistas en delincuentes. La mayoría son ciudadanos honestos y trabajadores. Sin embargo, la falta de registro efectivo, placas visibles, fiscalización tecnológica y trazabilidad facilita que grupos criminales se aprovechen del descontrol existente.
Mientras tanto, el Gobierno continúa promoviendo operativos aislados y entregas masivas sin resolver el problema de fondo. Se registran motociclistas una y otra vez, se anuncian nuevas etapas y se reparten beneficios, pero el país sigue sin conocer el costo total de esos programas ni su impacto verdadero sobre la seguridad vial, la formalización laboral y la reducción de la criminalidad.
La motocicleta no puede continuar siendo la respuesta oficial al fracaso del transporte público ni una herramienta para construir fidelidades electorales. Los recursos públicos deben servir para garantizar derechos y generar resultados verificables, no para alimentar dependencia política.
La República Dominicana necesita transporte masivo confiable, gestión moderna del tránsito y una política nacional de motocicletas basada en registro único, licencias, seguros, formación, identificación visible, fiscalización inteligente y evaluación pública de resultados.
En 2028 el país deberá elegir entre prolongar este modelo de improvisación y asistencialismo o avanzar hacia un Estado que organice la movilidad, proteja la vida y respete la dignidad de los motociclistas. La Fuerza del Pueblo representa la oportunidad de sustituir las dádivas por soluciones, el desorden por institucionalidad y la propaganda por resultados.
