En República Dominicana se observa un crecimiento explosivo del parque vehicular híbrido y eléctrico, de cifras marginales en 2020 a más de 32,700 unidades circulando en 2025, con importaciones de híbridos disparadas un 54.7% por valor de USD $46.6 millones, mientras los eléctricos puros caen. Sin embargo, las motocicletas eléctricas dominan delivery y motoconchos urbanos.
Este avance tecnológico, positivo para la transición energética y protección al medio ambiente, se convierte en peligro inminente porque la Ley 63-17 de Movilidad y Seguridad Vial presenta un grave vacío jurídico por deficiencia regulatoria en electromovilidad.
No define categorías específicas para motocicletas eléctricas, scooters ni vehículos de movilidad personal, corriendo el riesgo de pasar la misma situación de las motocicletas tradicionales a partir del año 2001, hoy un cáncer social en término de movilidad segura.
La ley no regula límites de velocidad diferenciados, certificación de baterías contra incendios, carriles exclusivos, prohibiciones en aceras ni integración segura en el tránsito, cuyo silencio agrava riesgos para peatones.
La ley aplica normas genéricas de motocicletas de combustión, ignorando características únicas que multiplican accidentes en vías congestionadas.
Pero las autoridades siguen en anuncios estacionales sin acción estructural. Mientras la siniestralidad vial cobra miles de vidas al año.
Este vacío legislativo permite un caos vial silencioso y acelerado que podría agravarse en 2026-2030, en contraste a los planes de reducir víctimas viales.
Urge una Reforma inmediata a la Ley 63-17 para incluir regulaciones específicas de electromovilidad. Priorizar seguridad sobre importaciones descontroladas.
Secretaría de Seguridad Vial – Fuerza del Pueblo
