Por Mario Holguín / Titular de la Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo
La Marcha del Pueblo convocada y encabezada por el partido Fuerza del Pueblo constituyó una contundente y pacífica demostración de fortaleza cívica y rechazo ciudadano a las fallidas políticas del gobierno del presidente Luis Abinader.
Miles de dominicanos expresaron su indignación ante un modelo de gestión que ha provocado el acelerado deterioro de la calidad de vida.
Los servicios públicos colapsados, una inflación descontrolada que encarece la canasta básica, estancamiento económico que frena la creación de empleos dignos y un preocupante incremento de la inseguridad vial y ciudadana que pone en riesgo la tranquilidad de las familias.
Este histórico clamor popular reafirma que la Fuerza del Pueblo, bajo el liderazgo del presidente Leonel Fernández, representa la verdadera alternativa de progreso, estabilidad y bienestar que demanda la República Dominicana
En lo que particularmente concierne a la movilidad segura, los medios nacionales han estado saturados de reportes sobre accidentes de tránsito devastadores en República Dominicana.
La Autopista Duarte al igual que las arterias viales del Este y del Sur del país han puesto en jaque la seguridad de miles de conductores, con rcomunidades denunciandocon protestas callejeras la inacción oficial ante riesgos inminentes.
Y si miramos la década, cientos de miles de usuarios han quedado heridos graves, con los jóvenes (15-29 años) predominando, un robo sistemático de futuro.
Esta ola de tragedias no es mera fatalidad; es el síntoma de una insuficiencia crónica en los esfuerzos de las autoridades. A pesar de planes como “RD se Mueve”, que presume un 70% de avance y una reducción del 30% en velocidades en el Gran Santo Domingo, los números no mienten.
La República Dominicana sigue liderando el ranking mundial de muertes por cada 100,000 habitantes según los organismos internacionales.
Las causas son obvias y repetidas: exceso de velocidad, motocicletas sin casco (responsables del 68-70% de las muertes), cruces ilegales en autopistas como la Duarte o la 6 de Noviembre, y una señalización deficiente que convierte obras inconclusas en trampas mortales.
El 86.7% de las víctimas son hombres, y el 40% de los siniestros ocurre en carreteras principales, donde la fiscalización brilla por su ausencia.
Reafirmamos que esta crisis no es solo técnica, es un fracaso de gobernanza que huele a negligencia sistémica y prioridades torcidas.
Bajo el gobierno actual de Luis Abinader —reelecto en 2024 con promesas de modernización, el INTRANT y la DIGESETT reciben presupuestos millonarios (incluyendo 500 millones anuales en seguros estudiantiles que, según denuncias, flotan en el limbo sin cubrir accidentes reales), pero la ejecución es un desastre.
En lugar de patrullas visibles y multas disuasorias, vemos propaganda vacía y una “normalización” cultural de la muerte vial, como otros analistas han calificado el escenario dominicano.
Mientras el PRM celebra conciertos masivos como el de Bad Bunny como “éxito económico”, ignora que el costo de estos accidentes en cientos de miles de millones drena recursos que podrían ir a educación vial obligatoria o infraestructura inclusiva.
La Fuerza del Pueblo, clama por un Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030 con dientes y garras reales.
Pero sin presión ciudadana, esto queda en discursos. En el fondo, esto es político porque revela cómo el poder prioriza la publicidad y propagandas políticas sobre la vida.
¿Cuántos votos más ganaría el gobierno salvando vidas al año, en vez de lamentarlas?
La República Dominicana no puede seguir siendo el país donde un domingo en carretera es ruleta rusa para un motorista.
Exijimos no solo planes, sino responsabilidad.
Cada muerte no es estadística; es un dominicano que no volverá a casa. Si las autoridades no actúan, la política real nacerá de la calle, exigiendo carreteras y vehículos seguros como derecho humano, replicando la Marcha del Pueblo en todo el territorio nacional.
