Por Daniela Lizardo
En los últimos años, la expansión del Plan Supérate ha sido anunciada como uno de los mayores logros del actual gobierno en materia de asistencia social. Las cifras oficiales hablan de millones de beneficiarios, de una reducción en los niveles de pobreza y de una supuesta transformación del modelo. Pero basta con recorrer los barrios para comprender que algo no encaja.
Como ciudadana comprometida y como alguien que en su momento aspiró a representar a su comunidad desde una curul en el Congreso, no puedo guardar silencio ante una realidad que se disfraza de progreso. Porque detrás de los bonos y las estadísticas, hay familias que siguen esperando una oportunidad real para salir hacia adelante.
Del Solidaridad al Supérate: Más dinero, menos impacto
Durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, los programas de protección social como Solidaridad y Progresando con Solidaridad alcanzaban aproximadamente a 1.5 millones de familias con un presupuesto que en 2017 fue de RD$25,484 millones. Para el 2020, el presupuesto rondaba los RD$37,000 millones. Se trataba de programas que, con limitaciones, articulaban componentes como alimentación, educación, salud y capacitación.
Desde el 2020, con la llegada del PRM, Supérate fue presentado como una evolución de estos programas. La inversión ha sido extraordinariamente alta: más de RD$300,000 millones en cinco años, con RD$54,000 millones solo en 2024, y una cobertura oficial de 1.5 millones de hogares. Sin embargo, cuando se analiza el alcance real en los territorios más empobrecidos, la expansión luce inflada, desconectada del terreno y politizada.
Porque si realmente el país estuviera superando la pobreza, la necesidad de subsidios masivos debería estar disminuyendo. Pero ha sucedido todo lo contrario: a mayor cantidad de bonos, mayor es la señal de que la pobreza se ha profundizado. Hoy el dominicano necesita más ayuda que antes, no porque haya avanzado, sino porque se encuentra más desamparado.
Criar hijos en este país: Una deuda pendiente
Ser madre en la República Dominicana es asumir una carrera de resistencia sin garantías. Los precios de los alimentos, el transporte, los materiales escolares y los servicios básicos siguen en ascenso, mientras el empleo informal domina la realidad de cientos de miles de mujeres que, además de ser jefas de hogar, enfrentan la indiferencia de un sistema que promete, pero no llega.
“Yo no quiero lujos, solo quiero saber que mañana mis hijos van a comer”, me confesó una madre de Santiago, mientras preparaba arroz sin una proteína formal —ni pollo ni carne—. Esa angustia no aparece en los informes. No hay gráfico que refleje lo que significa tener que decidir entre pagar el alquiler o comprar alimentos.
Y lo más doloroso es que muchas de estas madres ni siquiera han sido incluidas en el sistema de bonos. En barrios como Los Salados, Buenos Aires o Los Ciruelitos, miles de hogares vulnerables siguen esperando una tarjeta que nunca llega. Pero en cambio, se escucha de beneficiarios que no la necesitan, de asignaciones arbitrarias y de operativos que parecen más mítines que procesos técnicos.
SIUBEN: Cuando la ficha se convierte en trampa
Gran parte de la responsabilidad recae sobre el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), institución encargada de recolectar los datos y determinar quién califica para los bonos del Estado. Sin embargo, el proceso ha sido opaco, desactualizado y altamente vulnerable a intereses políticos.
Muchas familias vulnerables no han sido siquiera evaluadas, mientras otras con conexiones políticas o condiciones estables han sido priorizadas. La debilidad del SIUBEN no solo afecta la eficacia del programa, sino que socava la legitimidad de toda la política social dominicana.
Fraudes, anonimato y falta de trazabilidad: el otro rostro del bono
Uno de los aspectos más preocupantes del Plan Supérate es la emisión de bonos no personalizados, especialmente en temporadas como Navidad, regreso a clases o emergencias. Estos bonos, al no estar vinculados a un beneficiario específico, facilitan el uso discrecional, el clientelismo y el fraude.
Casos recientes lo confirman:
- Clonación de tarjetas sociales mediante lectores de bandas magnéticas, afectando directamente a los beneficiarios legítimos.
- Suplantación de identidad para obtener datos personales y robar fondos de personas vulnerables.
- Uso de tarjetas falsas o duplicadas para realizar compras no autorizadas o retirar dinero sin control.
- Bonos emitidos sin nombre ni trazabilidad, permitiendo su asignación arbitraria y potencial uso político.
Cuando los bonos no tienen nombre, la pobreza se vuelve anónima y la corrupción se vuelve invisible.
La asistencia como herramienta electoral
El uso del Plan Supérate como medio de manipulación electoral ha sido ampliamente señalado. Entregas masivas de bonos cerca de eventos políticos, incremento de beneficiarios en tiempos de campaña y promesas públicas vinculadas al acceso al programa son parte de un patrón cada vez más evidente: el hambre convertido en estrategia partidaria.
Los recursos del Estado están para garantizar derechos, no para premiar lealtades. Pero mientras más dominicanos dependan de estos bonos, más fácil se vuelve condicionar su voto, su esperanza y su futuro. Este modelo crea dependencia y perpetúa la pobreza. Como bien dicen en los barrios: “dan la ayuda, pero no dan salida.”
Propuestas: Del asistencialismo al empoderamiento
Cuando más del 40 % de los hogares dominicanos depende de algún bono del gobierno para sobrevivir, no estamos hablando de éxito social, sino de un modelo fracasado de desarrollo. Más ayudas no significan menos pobreza; significan que hemos profundizado la dependencia sin resolver las raíces.
Por consiguiente, frente a todo lo antes dicho, propongo lo siguiente:
- Auditoría independiente del padrón de beneficiarios, con criterios públicos, trazables y validados territorialmente.
- Actualización técnica y comunitaria del SIUBEN, que garantice evaluaciones reales y no manipuladas.
- Personalización obligatoria de todos los bonos sociales. Cada bono debe tener nombre, cédula y validación única para evitar duplicidad, uso indebido o reparto político.
- Definir rutas de salida del bono, como acceso a educación técnica, empleo digno o apoyo al emprendimiento.
- Blindar los programas sociales contra el uso electoral, incluyendo sanciones legales al clientelismo asistencialista.
Hoy escribo estas palabras no solo como comunitaria ni como ex candidata, sino como ciudadana profundamente comprometida con la dignidad del pueblo dominicano. Porque mientras más ayudas se repartan sin estrategia, más pobreza revelamos. Y ningún país puede progresar cuando la asistencia se vuelve anestesia y el hambre, moneda política.
Lic. Daniela Lizardo
Mercadóloga, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y ex candidata a diputada por Santiago. Ha trabajado con comunidades vulnerables, promoviendo iniciativas desde el territorio y usando la evidencia como herramienta de transformación social. Cree en una política cercana, coherente y enfocada en resultados.
